Este nuevo esquema, establecido por la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, busca eliminar la histórica triangulación entre obras sociales y prepagas, un modelo que ha funcionado durante décadas. El cambio genera expectativas sobre posibles reducciones en los costos de los planes de salud, aunque también ha encendido tensiones con los sindicatos y la CGT.

Cómo funciona el nuevo sistema

A partir del 1 de diciembre, los afiliados podrán solicitar que sus aportes se transfieran directamente a las prepagas, sin pasar por obras sociales. Este cambio elimina la comisión de intermediación, que oscila entre el 3% y el 7% del valor del servicio, permitiendo un potencial ajuste en las cuotas mensuales de las prepagas.

Para gestionar este cambio, el Gobierno habilitará una herramienta digital a través de la plataforma Mi Argentina. Los usuarios podrán consultar detalles sobre la distribución de sus aportes y decidir a qué entidad asignarlos.

Impacto financiero y redistribución de fondos

En noviembre, la triangulación de aportes representó $41.158 millones, un tercio del monto destinado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que utiliza el 15% de los aportes para cubrir gastos de atención médica, principalmente para personas con discapacidad.

El Gobierno ha indicado que dos tercios de los fondos destinados a este sector en 2024, calculados en $450.000 millones, están relacionados con servicios de educación y transporte. En este sentido, se plantea un debate sobre si las provincias deberían asumir estos costos, ya que actualmente los afronta el sistema nacional de salud.

Reacciones y perspectivas

Aunque el nuevo sistema promete más transparencia y eficiencia en la asignación de recursos, los sindicatos han manifestado su preocupación por el impacto en el financiamiento de las obras sociales. Por su parte, las prepagas tendrán la posibilidad de decidir si trasladan los beneficios del nuevo esquema a sus afiliados mediante una reducción de costos o contención de aumentos.

El cambio también podría abrir la puerta a mayores tensiones políticas, ya que involucra no solo al sistema de salud, sino también a las finanzas provinciales y la relación entre el Gobierno y los gremios.

El debate en torno a la sostenibilidad y redistribución del sistema de salud continuará, mientras el nuevo esquema busca consolidarse y generar beneficios tangibles para los usuarios.