El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, tomó un rumbo judicial determinante.

Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio letrado de Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal solicitando la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica). La acusación es gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

El documento presentado ante la fiscalía, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”.

La “Ley Lucio” y la responsabilidad de los funcionarios

Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.