El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través del Decreto N° 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial y, de esta manera, quedó establecido un marco para los aspectos centrales de la relación laboral de sus agentes.

En el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas se indicó: “El capital humano es la parte más importante del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en tanto materializa el direccionamiento de los esfuerzos de inteligencia y permite agregar valor real a la tarea. El personal del referido Sistema está constituido por servidores públicos especializados que constituyen la vanguardia de la Seguridad Estratégica de la Nación”.

“La generación de un cuerpo profesional que trascienda la coyuntura política requiere de un proceso de ingreso y promoción del personal basado en criterios técnicos, éticos y profesionales”, señaló el escrito, a la vez que subrayó: “La formación en la cultura de inteligencia genera los vínculos institucionales que garantizan su disposición a la entrega que demande el Estado Nacional dentro del marco de la Constitución Nacional y el sistema jurídico vigente, proceso que requiere la constante capacitación y actualización para perfeccionar las aptitudes de cada uno de los integrantes del aludido Sistema”.

En tanto, informó: “Con el fin de garantizar la idoneidad técnica del personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación resulta necesario establecer un plan de carrera centrado en la capacitación técnica, humana y profesional en el ámbito de la Inteligencia Nacional”.

“En ese marco, la carrera debe estar basada en principios tales como la idoneidad, transparencia en la toma de decisiones, igualdad, mérito, profesionalización con su debida capacitación permanente y fortalecimiento de competencias, con el fin de lograr un aprovechamiento integral de recursos humanos altamente capacitados al servicio de la Nación”, añadió.

Además, manifestó que “el Estatuto debe garantizar la proporcionalidad entre la remuneración del personal, sus responsabilidades, capacidades técnicas y grados jerárquicos con el fin de evitar la asignación de retribuciones de forma discrecional al personal con igual función, trayectoria y antigüedad”.