Este viernes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar de su cargo al radical Leandro Massaccesi, su jefe de Gabinete, luego de que quedara envuelto en la polémica por los préstamos que salpicaron a funcionarios nacionales y legisladores oficialistas.

La salida de Massaccesi no fue menor. Se trataba de uno de los hombres de confianza dentro del esquema político de Pettovello y había sido designado en agosto de 2024. Pero la presión pública y política por la revelación de estos créditos, sumada a la denuncia impulsada por la oposición, terminó por volverlo insostenible. Según trascendió, fue la propia ministra quien le pidió la renuncia en un intento por descomprimir el impacto del caso antes de que escalara todavía más.

Massaccesi había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones, uno de los montos más altos entre los nombres que aparecieron en la nómina de beneficiarios. Pero no fue el único. La lista incluye también a funcionarios del Ejecutivo, referentes del equipo económico y diputados de La Libertad Avanza, entre ellos el tucumano Mariano Campero, cuyo caso generó un fuerte ruido político en la provincia.

En el caso de Campero, los registros públicos muestran que accedió a un crédito hipotecario UVA que, según explicó el propio diputado, fue tomado en mayo de 2025 por $275 millones, aunque con la actualización por inflación hoy asciende a $322 millones. El legislador aseguró que se trató de una línea “abierta a cualquier argentino que califique” y negó haber recibido un beneficio especial. También afirmó que utilizó el préstamo para comprar su primera vivienda familiar en Yerba Buena, donde vive junto a su esposa y sus tres hijos.

Sin embargo, la decisión de Pettovello de sacrificar a uno de sus principales funcionarios deja una pregunta inevitable que ya empezó a circular también en Tucumán: si Massaccesi tuvo que irse por quedar involucrado, por qué Mariano Campero debería seguir en su banca como si nada hubiera pasado.

Porque el problema ya no es solo si el crédito fue “legal” o si estaba dentro de una línea disponible. El punto político es otro: si hubo privilegios, trato preferencial o facilidades que no tiene cualquier argentino común para acceder a montos millonarios en un banco público. Y mientras la ministra de Capital Humano ya mostró que el costo del escándalo puede ser la salida de funcionarios, en el Congreso todavía no apareció ninguna señal de autocrítica entre los legisladores involucrados.

La denuncia presentada por la oposición busca justamente determinar si estos créditos fueron otorgados respetando de manera estricta los requisitos habituales o si, detrás del discurso de la “meritocracia” y la “igualdad ante la ley”, hubo una ventanilla especial para los propios. En esa presentación aparecen nombres de funcionarios del Ejecutivo y también de diputados libertarios, lo que agrava el frente político para el oficialismo.

En Tucumán, el nombre de Campero no pasa desapercibido. No solo por el monto del préstamo, sino porque su figura quedó cada vez más asociada al alineamiento con el mileísmo duro, al mismo tiempo que intenta conservar discurso de “casta cero” y austeridad. La contradicción es evidente: mientras miles de familias no logran ni siquiera calificar para un crédito hipotecario, un grupo de funcionarios y dirigentes oficialistas consiguió financiamiento por cifras que hoy resultan inaccesibles para la enorme mayoría de los argentinos.

La salida de Massaccesi deja entonces una vara política incómoda para todos los demás. Si Pettovello entendió que el costo institucional de sostener a un funcionario implicado era demasiado alto, el caso de Campero abre ahora un interrogante inevitable: seguirá aferrado a su banca o dará un paso al costado para no seguir cargando al Congreso con el mismo escándalo que ya provocó una caída en el Gobierno.