El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), y apunta a investigar posibles “dadivas” y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de las investigaciones sobre Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita recibió este miércoles el testimonio de Leandro Miano, empresario inmobiliario que participó de la operación de compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miró al jefe de Gabinete, y a quienes además el funcionario aún les debe 200.000 dólares.

El testigo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, arribó a los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a las 8.45, y tras contestar las preguntas de Pollicita se fue de la sede judicial aproximadamente a las 10.40.

Miano tiene 44 años y es socio en una desarrolladora inmobiliaria del empresario Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada que le vendió el departamento de Miró a Adorni.

Feijoo, de 36 años, ya prestó testimonio y relató que conocía a Adorni porque sus hijos comparten el mismo colegio. Además, contó que el entonces vocero presidencial acordó de palabra pagarle USD 65.000 adicionales, por fuera de la escritura traslativa de dominio. Esta semana ya había declarado Matías Tabar, el contratista que hizo las refacciones de la propiedad que el funcionario tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, quien afirmó este lunes que el costo de la remodelación ascendió a unos 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura.