El hecho ocurrió en el paraje La Pradera 25, ubicado a unos 40 kilómetros de Añatuya, en el límite entre los departamentos Juan Felipe Ibarra y General Taboada.

De acuerdo con la información recabada, el conflicto gira en torno a un predio de aproximadamente 1.000 hectáreas cuya cosecha de soja se encuentra lista para ser levantada, lo que incrementa la tensión entre las partes en pugna. Se trata de dos grupos empresarios que mantienen un litigio por la propiedad del campo en el fuero civil, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.

Ante la escalada del conflicto, la Justicia habría ordenado el desalojo de ambas partes y dispuso una consigna policial en el lugar para evitar nuevos incidentes. En ese contexto, dos hermanos de apellido González Díaz fueron demorados en el marco de las actuaciones.

Sin embargo, la situación se tornó aún más crítica durante el fin de semana, cuando al menos dos sujetos a bordo de una camioneta 4×4 irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los uniformados que custodiaban el predio. Según testigos, los atacantes utilizaron una escopeta y efectuaron varios disparos que impactaron en una vivienda y en una garita policial, obligando a los efectivos a tirarse cuerpo a tierra para resguardarse.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga a gran velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la zona. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el episodio generó una fuerte preocupación por el nivel de violencia desplegado.

La investigación, que inicialmente estuvo en manos de la Fiscalía de Añatuya, pasó luego a la órbita de la Capital, bajo la intervención del fiscal Nicolás Heredia, quien trabaja junto a comisarios y peritos en la recolección de pruebas. En el lugar, personal de Criminalística secuestró proyectiles que serán sometidos a peritajes, mientras que también se habría logrado identificar la patente del vehículo involucrado.

Una de las hipótesis más firmes que manejan los investigadores apunta a la posible contratación de un grupo armado para amedrentar o tomar control del predio, en el marco de la disputa judicial. Según fuentes policiales, los sospechosos podrían encontrarse ocultos en una zona montuosa del departamento, lo que motivó el despliegue de operativos y la inminente realización de allanamientos.

En paralelo, la causa civil continúa sin definiciones claras sobre la titularidad del campo, lo que agrava el escenario. La magnitud económica del conflicto es significativa: se estima que una tonelada de soja tiene un valor cercano a los $450.000, y que cada hectárea puede producir entre 3 y 4 toneladas. En este contexto, las 1.000 hectáreas en disputa representan un negocio de varios millones de pesos. Frente a la falta de resolución, no se descarta que las partes soliciten una medida cautelar para poder avanzar con la cosecha. No obstante, también existe la posibilidad de que la Justicia disponga que la recolección sea realizada bajo su control, designando un depositario judicial que administre la producción hasta que se resuelva el litigio.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a las autoridades y a la región, en un escenario donde la disputa económica, la presión por los tiempos de la cosecha y la violencia armada configuran un cuadro de extrema gravedad.