La investigación por la presunta millonaria defraudación en Fürth Automotores continúa sumando elementos y podría dar un giro decisivo en los próximos días. Durante una audiencia judicial, el abogado querellante Marcelo Sgoifo estimó que el perjuicio económico asciende a $6.931 millones, anticipó que solicitará nuevas imputaciones y sostuvo que la causa avanza hacia una posible recalificación por asociación ilícita, al considerar que existió una estructura organizada para cometer delitos dentro de la concesionaria.

 

En la misma audiencia, el juez de Control y Garantías Fernando Paradelo resolvió prorrogar la detención de Matías Llado, ex jefe de Ventas, y Graciela Moyano, ex cajera de la empresa. Moyano permanece detenida desde el 6 de agosto, mientras que Llado fue arrestado el 12 del mismo mes. Ambos son investigados junto al ex gerente, el tucumano Gerardo Caro, quien fue detenido durante el último fin de semana.

 

La fiscal Victoria Ledesma, que lleva adelante la investigación junto a Diego Cortés, explicó que se trata de una causa de alta complejidad y señaló que las maniobras bajo sospecha se habrían iniciado durante 2024. Según indicó, el foco principal de la investigación está puesto en Llado y Caro.

 

Como parte de los elementos incorporados al expediente, la representante del Ministerio Público mencionó operaciones realizadas por clientes como Rivas Jordán y el matrimonio Costich, cuyos trámites habrían sido gestionados por Llado, aunque los pagos efectuados nunca fueron registrados en el sistema de la concesionaria.

 

La fiscal también reveló que se detectaron clientes que continúan registrando deudas con Volkswagen pese a haber realizado los pagos correspondientes. En ese marco, señaló que la empresa afronta actualmente una deuda cercana a los 80 millones de pesos, originada por señas caídas y otros conceptos que debió asumir como damnificada.

 

Al tomar la palabra, Sgoifo afirmó que la auditoría interna realizada por la firma permitió detectar un presunto desfalco de $ 6.931 millones. A su entender, las irregularidades exceden ampliamente a las personas actualmente detenidas y evidencian la existencia de una organización que operó de manera coordinada.

 

"Estamos frente a un barril sin fondo", sostuvo el abogado, quien remarcó que existen más personas involucradas y que la investigación continúa revelando nuevas maniobras.

 

Durante la audiencia también intervino el representante legal de dos clientes que aseguraron haber abonado íntegramente sus vehículos sin que esos pagos impactaran en los registros de la empresa. Según expuso, cuando consultaron al entonces gerente Gerardo Caro recibieron como respuesta que no existía registro alguno de sus operaciones comerciales.

 

Las defensas de Llado y Moyano, representadas por Miguel Torres, Javier Leiva y Lucas Díaz, solicitaron la inmediata libertad de sus asistidos. Argumentaron que los delitos investigados son excarcelables y sostuvieron que ninguno de los imputados podría entorpecer la investigación en caso de recuperar la libertad.

 

Sin embargo, el juez Paradelo rechazó esos planteos al considerar que persisten riesgos procesales concretos, tanto por una eventual interferencia en la investigación como por la posibilidad de fuga. En consecuencia, mantuvo la detención de ambos imputados.

 

La situación procesal volverá a discutirse dentro de aproximadamente dos semanas, cuando la Justicia deberá resolver si dicta la prisión preventiva o dispone la liberación de los dos acusados.

 

No obstante, ese escenario podría modificarse antes de esa audiencia. El querellante adelantó que solicitará a la Fiscalía ampliar la acusación e incorporar los delitos de desbaratamiento de derechos acordados y asociación ilícita, además de la estafa ya investigada.

 

Si el Ministerio Público Fiscal comparte ese criterio, Llado y Moyano podrían ser nuevamente imputados bajo esas figuras penales antes de que se defina su situación procesal, junto con otras personas que eventualmente sean incorporadas a la causa.

 

La propia fiscal Ledesma confirmó que aún resta recibir numerosos testimonios y dejó entrever que la investigación continúa avanzando sobre nuevos elementos probatorios, especialmente después de la detención de Gerardo Caro, quien prestó declaración indagatoria proclamando su inocencia.

 

Sgoifo insistió en que las anomalías detectadas durante la auditoría permiten sostener la hipótesis de una organización criminal. Recordó que Caro trabajó en la empresa entre 2008 y 2010 y afirmó que una maniobra de semejante magnitud "no pudo haber sido ejecutada por una sola persona".